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El diputado republicano Juan Irarrázaval solicitó al Ministerio Público la formalización de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por un supuesto fraude al fisco en el marco de la causa vinculada a la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella. También pidió la formalización de otras siete personas, acusadas también de ser autores del presunto delito.
La acción fue concretada por el abogado del parlamentario querellante, Sergio Rodríguez. Esta fue dirigida al fiscal jefe Centro Norte Patricio Cooper y es una insistencia tras una primera solicitud realizada en septiembre de 2023.
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El representante legal también llevó a cabo la petición para formalizar a las siguientes personas: Jean Pierre Chiffele (exjefe jurídico); Luis Mayorga (ex jefe de la Secretaría de Planificación); Beatriz Chamorro (ex directora de salud de la municipalidad); Felipe Sánchez (propietario de la Clínica Sierra Bella) y a los tasadores que estuvieron a cargo de esta operación Patricio Gajardo, María José Sepúlveda y Mylena Cárcamo.
El motivo de la solicitud de formalización contra Irací Hassler en la causa Sierra Bella
El escrito del parlamentario, presentado por el abogado Rodríguez, afirma que la investigación reveló un plan entre funcionarios municipales en el ejercicio de sus cargos públicos, propietarios de los inmuebles y tres tasadores contratados por el municipio.
Asimismo, según el diputado republicano, este plan buscaba vender los terrenos a la Municipalidad de Santiago a un precio muy superior al real, duplicando su valor comercial y cuadruplicando el avalúo fiscal. Esta operación causó un perjuicio millonario al patrimonio de la comuna.
El documento presentado por Rodríguez señala que los perjuicios alcanzan los $2.475.862.002. A lo anterior se suman los gastos adicionales del proceso de compraventa (tasaciones, notaría y conservador). Así el daño total ascendería a $2.477.176.836, equivalente a 40.104 UTM en enero de 2023.
Los querellantes de la causa de la ex Clínica Sierra Bella afirman que los informes de tasación no son verificables ni trazables, incumpliendo la norma NCh3658/1. Además, estos indican que ninguno de los informes respaldaría los costos de construcción estimados.
“Se ha levantado el secreto de esta causa, lo que nos ha permitido conocer información que revela que la Contraloría General de la República vuelve a cuestionar, y de manera muy dura, las tasaciones relativas a este caso”, explicó Irarrázaval.
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Además, el diputado señaló que, como querellantes, solicitaron la formalización de todos los involucrados, incluyendo a la alcaldesa, directores, tasadores y el vendedor, debido a que consideran que existen suficientes antecedentes que demuestran responsabilidades. Igualmente, cuestionó que más necesita el Consejo de Defensa del Estado para actuar frente a este presunto fraude municipal.
